Un juez del TSJ de Madrid ha dado validez a una baja voluntaria comunicada por una aplicación de mensajería móvil al superior, ya que se le considera 'enterado' al haber respondido por este mismo medio.

El mundo de las comunicaciones electrónicas se ha instalado en el sector laboral. Estos sistemas favorecen la agilidad y eficiencia en el trabajo, pero también generan conflictos, como sucede en el caso de despidos o bajas voluntarias realizadas mediante estos servicios. En una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, el juez decidió dar validez a una dimisión presentada al empresario por WhatsApp. Pero, ¿qué requisitos se deben cumplir para que sea así?

La posibilidad de producir un daño físico o moral es suficiente para una condena por estos motivos, sin que sea necesario que se lleguen a producir. El Tribunal Supremo establece, en este sentido, que "el delito se consuma con la infracción de las normas protectoras, surgiendo la cualificación si el riesgo de grave perjuicio pudiera repercutir en la salud de las personas".

La sentencia, de 6 de octubre de 2015, avala indemnizar a víctimas de "ruidos insoportables" de un bar, aunque el fallo reconoce que no están constatados los daños físicos. Sin embargo, el magistrado Soriano Soriano, ponente del fallo, subraya que, aunque los informes forenses no confirmaron la relación entre el ruido y los daños físicos, "el dictamen pericial dejó acreditado que ambos estuvieron expuestos por un periodo prolongado a una contaminación acústica superior al nivel permitido y susceptible de ocasionar daños a las personas".

Hoy, 15 de octubre, entra en vigor la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil (salvo el apartado diez del artículo segundo, que lo hará con la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil), y los artículos 44, 45, 46, 47, 64, 66, los apartados 1 y 4 del artículo 49, el apartado 3 del 67 y la disposición adicional novena de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que son de aplicación parcial según la misma, al mismo tiempo que la Instrucción de 9 de Octubre de 2015, de la DGRN, sobre comunicación electrónica de nacimientos desde centros sanitarios, de cuyos contenidos y novedades informamos ayer en Noticias Jurídicas.

Amparo a un licenciado para no dispensar 'la píldora del día después'.

El Tribunal Constitucional ha reconocido el derecho a la objeción de conciencia de los farmacéuticos que opten por no dispensar la píldora anticonceptiva de emergencia, más conocida como píldora del día después. El Tribunal ha otorgado el amparo a un licenciado de Sevilla que fue multado por la Junta de Andalucía por negarse a facilitar el tratamiento.

La sentencia, de 25 de junio de 2015, sostiene que la sanción vulneró el derecho a objetar del farmacéutico y diserta sobre si estos profesionales pueden acogerse al mismo derecho de objeción del que gozan los médicos. "Los aspectos determinantes que llevaron al Tribunal al singular reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia de los médicos pueden concurrir también cuando la referida objeción se proyecta sobre el deber de dispensación de la denominada píldora del día después por parte de los farmacéuticos", concluye el fallo. El constitucional invoca la sentencia 53/1985, para justificar su decisión sobre este aspecto.

Supone una disminución de las cargas administrativas para las empresas licitadoras, lo que permite un acceso más fácil a los contratos públicos a PYMEs y emprendedores.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en materia de clasificación de contratistas.

Así, se elimina la obligatoriedad de clasificación en los contratos de servicios, aunque las empresas podrán seguir utilizando facultativamente la clasificación como modo de acreditar su solvencia en aquellos tipos de contratos que son recurrentes y tienen unas características comunes como, por ejemplo, los de limpieza, seguridad o mantenimiento de instalaciones, pero con un esquema más sencillo en el que se reducen sustancialmente los subgrupos de clasificación que pasan de 72 a 29.

También en los contratos de obras, se modifican y simplifican las categorías de clasificación que estaban vigentes desde 1991 para adaptarlas a la realidad económica y estructura actual de la industria.

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